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Uno de los capítulos más insólitos de la historia contemporánea española de la segunda mitad del siglo XX fue el intento de obtener armas nucleares propias. El proyecto perduró durante todo el franquismo, pasando por diversos altibajos en función de las relaciones exteriores de España y del miedo de Franco a dar el paso decisivo. El proceso comenzó en 1948 con la creación de la Junta de Investigaciones Atómicas. Este organismo dio paso en 1951 a la Junta de Energía Nuclear. Su función era, en el marco de la autarquía y en plena Guerra Fría, lograr un desarrollo autónomo de esta energía, oficialmente con una finalidad civil pero, en secreto, también militar.
- El general Franco y Otero de Navascués en la inauguración de la sede de la Junta de Energía Nuclear (1958). Fuente: adelantosdigital.com
Poco después, en 1955, España firmó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación nuclear dentro del programa Átomos para la Paz. Dicho programa había sido impulsado desde 1953 por el presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower para la promoción del uso pacífico de la energía nuclear y el control de la misma mediante la creación de la OIEA –Organización Internacional de la Energía Atómica–. A través de esta vía Estados Unidos facilitó tecnología nuclear a diversos países, entre ellos España, para su uso en investigación o en aplicaciones civiles. De hecho, numerosos científicos e ingenieros españoles fueron a formarse en instituciones norteamericanas.
Fruto de estas relaciones fue también la construcción del primer reactor nuclear en España, el JEN-1, de tecnología estadounidense y que utilizaba uranio 238 enriquecido, aunque era imposible obtener de él material para armas nucleares. Con este nuevo impulso se creó en 1958 el Centro Nacional de Energía Nuclear que, aunque no tenía carácter militar, sí estaba dirigido por estos. La consecuencia de este desarrollo en la investigación fue la posición de vanguardia que España alcanzó ya en la década de los años cincuenta del siglo pasado, gracias principalmente a la labor del contralmirante y físico José María Otero de Navascués.
El interés militar por la energía nuclear se había acrecentado desde 1956, fecha de la independencia de Marruecos y momento a partir del cual surgieron las presiones del nuevo Estado hacia los territorios españoles en África. La actitud de Estados Unidos en el conflicto de Ifni (1957-58), prohibiendo la utilización del material militar cedido a España, también favoreció la idea de hacerse con armamento nuclear autónomo como elemento disuasorio frente a cualquier posible enfrentamiento con el nuevo vecino del sur. Para España, que no pertenecía a la OTAN, la posesión de este armamento también era un elemento de prestigio internacional y un medio para controlar el eje estratégico definido en torno a la línea formada por las Baleares, el Estrecho y las Canarias.
Toda la tarea investigadora realizada hasta entonces se concretó en 1963. El general Agustín Muñoz Grandes, vicepresidente del gobierno, ordenó a la Junta de Energía Nuclear realizar un estudio sobre las posibilidades de desarrollar un arma nuclear sin alertar a la comunidad internacional. Fue el inicio del "Proyecto Islero". Pese a sus decepcionantes inicios, el proyecto se mantuvo vigente gracias al apoyo del citado Muñoz Grandes y de Carrero Blanco. En 1964 el proyecto estaba preparado, contando además con el apoyo francés ya que De Gaulle era partidario de la independencia defensiva europea para lo que creía necesario que España dispusiese de armas nucleares.
Curiosamente el accidente de Palomares cambiaría la atonía inicial del proyecto. El 17 de enero de 1966 un avión cisterna norteamericano chocó en el aire, sobre la vertical de la población almeriense, con un bombardero B-52 de la misma nacionalidad que llevaba cuatro bombas termonucleares (bombas H o de hidrógeno) de 1,47 megatones cada una, aproximadamente unas 75 veces más potentes que la que destruyó la ciudad japonesa de Hiroshima.
- Localización de las bombas nucleares caídas en Palomares. Fuente: EL PAÍS
Los técnicos nucleares españoles, dirigidos por el físico y militar Guillermo Velarde, pudieron recoger y analizar restos de las bombas caídas. Los resultados obtenidos dieron un nuevo impulso a la investigación para llevar a cabo el proyecto ya que posibilitaron desentrañar las claves de la fabricación de las bombas de hidrógeno, que hasta ese momento solo estaban en manos de Estados Unidos, la URSS, Francia y China. A pesar de ello Franco decidió no impulsar el proyecto por miedo a las sanciones norteamericanas. No obstante, tampoco se abandonó ni se cerraron las puertas para su continuación; de hecho España no firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN), gestado en 1968. En ese mismo año, además, se instaló en la sede madrileña de la Junta de Energía Nuclear el primer reactor nuclear español.
- Recogida de una de las bombas nucleares de Palomares. Fuente: EL MUNDO
Los estudios y pruebas realizados hasta entonces permitieron que, iniciada la década de los setenta, resultase viable la fabricación de armamento nuclear, pero no existían los medios. La central nuclear de Zorita (Guadalajara), que había entrado en funcionamiento en 1969, y la de Santa María de Garoña (Burgos), que lo había hecho en 1971, eran de tecnología norteamericana y no era posible extraer combustible para armamento de ellas.
La oportunidad de extraer plutonio de uso militar no se produjo hasta 1972, cuando entró en funcionamiento la central nuclear de Vandellós I (Tarragona), construida con tecnología francesa y capaz de producirlo. Además España contaba con reservas de uranio natural. En ese momento la opción española se centró en la fabricación de una bomba de plutonio y no de uranio. La obtención de uranio 325 era mucho más complicada y se necesitaban recursos técnicos y económicos que España no poseía en esos momentos. Sin embargo el plutonio 239 podía obtenerse a partir de un pequeño reactor nuclear.
- Central Nuclear de Vandellós I. Fuente: EL MUNDO/EFE
El apoyo político al proyecto se incrementó cuando Carrero Blanco llegó a la presidencia del gobierno en junio de 1973. El Ejército pensaba que para la defensa de España se debía conseguir un verdadero tratado militar con Estados Unidos, elaborado de tú a tú. Y si eso no se producía nuestro país debía tener una fuerza de disuasión nuclear propia. A finales de ese año Velarde informaba de que España podría fabricar tres bombas nucleares al año. Con esa posibilidad en la mesa Carrero se entrevistó con el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, planteándole la dicotomía de un nuevo tratado o el desarrollo propio de armas nucleares. Kissinger se negó a concretar ningún acuerdo. Al día siguiente, 20 de diciembre de 1973, ETA asesinó a Carrero mediante un atentado.
Pero ni su muerte ni la del general Franco en 1975 finiquitaron el proyecto. Las presiones norteamericanas para que España firmase el TNPN continuaron pero sin lograr su objetivo. Al contrario, para esas fechas –1977– España era ya capaz de fabricar plutonio en cantidad suficiente para producir 23 bombas nucleares al año.
La llegada al poder de Adolfo Suárez en 1976 tampoco significó la interrupción del proyecto. Esto solamente se produjo en 1981, en una coyuntura delicada para España –creciente número de atentados, descomposición de la Unión de Centro Democrático, golpe de Estado de febrero, etc.– y con fuertes presiones del presidente norteamericano Jimmy Carter para que España firmara el TNPN.
El proyecto Islero quedó definitivamente liquidado cuando el PSOE, en el gobierno desde 1982, decidió abandonarlo a cambio de la integración en la Comunidad Económica Europea y cuando el país ya se había integrado en la OTAN. En octubre de 1987 España firmó el TNPN y el proyecto quedó en el olvido.
El plan de dotar a España de armamento nuclear hay que situarlo en el marco de la dictadura franquista. Un régimen muy nacionalista y con escasa simpatía por los Estados Unidos, aunque los intereses políticos de ambos países les llevasen al acercamiento. Su proyecto armamentístico no se relaciona tanto con la Guerra Fría como con el objetivo de asegurarse una autonomía defensiva válida para todo el territorio nacional. Ese objetivo no se logró con la integración en la OTAN, pues esta dejó fuera la defensa de Ceuta y Melilla.
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